EL QUINTO INFIERNO

viernes, noviembre 10, 2006

Werken Mapuche detenido por carabineros tras denunciar en conferencia abuso policial


temucuicui4
De Denuncias, Detenciones y Restricciones a la Libertad en la Democracia Chilena: La Justicia como interlocutora del nuevo trato del Estado con los Mapuche

* El Tribunal de Garantía de Collipulli denegó la prisión preventiva solicitada por la fiscalía para él y el werken Víctor Quipul, detenido sorpresivamente en la misma sala donde se realizaba la audiencia de Jorge Huenchullan. El tribunal aplicó en su lugar cuestionables medidas cautelares, que limitan el derecho humano a emitir opinión e información y al libre desplazamiento de ambas autoridades tradicionales del Pueblo Mapuche.

* Las detenciones, de acuerdo a fuentes policiales, responden a una orden emanada desde ese tribunal el pasado 7 de noviembre, bajo los cargos de atentado contra la autoridad, a partir de la acción legal interpuesta por el ex director de la CONADI, Jaime Andrade, por supuestas agresiones sufridas por éste y sus asesores hace algunos meses en la comunidad.


Jorge Huenchullan Cayul, uno de los werkenes de Temucicui que fue detenido por carabineros en Temuco el día de ayer, posterior a que éste en conferencia de prensa denunciara baleos de parte de la policía, fue dejado en libertad en una temprana audiencia realizada en Collipulli.

La detención del comunero mapuche se produjo a consecuencia de una orden emanada del tribunal de Collipulli dos días antes y que decían relación con el delito de atentado a la autoridad, hechos relacionados a las supuestas agresiones sufridas por Jaime Andrade y sus asesores.

Recordemos que esta confusa situación se produjo el día 30 de agosto del presente año, ante una visita del ese entonces director de la CONADI y sus asesores a la comunidad de Temuciuci. Según declaraciones de la comunidad:

“El día 30 de agosto, desconociendo la visita de Andrade, y en momentos que la comunidad esperaba en la sede social a personal de la gobernación, estos funcionaros llegaron alrededor de las 12 horas la comunidad. El señor Andrade explica que viene a solidarizar con la comunidad por los últimos hechos de violencia policial a través de una ayuda solidaria del gobierno consistente en PLÁSTICO PARA INVERNADEROS. La comunidad al escuchar con atención las palabras del director de la Conadi, se sintió atropellada y ofendida por los dichos de los funcionarios debido a que los problemas que afectan al pueblo mapuche y en particular a la comunidad de Temucuicui no pasa por ayudas asistenciales o migajas del modelo económico, sino por la reivindicación de nuestros derechos colectivos como pueblo, por el cese de la persecución política-policial, por que terminen con los allanamientos [5 este año] y que se haga justicia por los 12 niños intoxicados por las bombas lacrimógenas, por que se repare el daños psicológico de nuestras familias, por los peñis que han sido baleados por carabineros, por los encarcelamientos gratuitos en nuestra contra y por que el Estado deje de proteger a latifundistas mentirosos como el señor RENE URBAN, quien posee un gran contingente policial que aparte de cuidar sus vacas nos hostiga y persigue diariamente. (…) es en este momento en que los funcionarios dándose cuenta del triste papel desempeñado, hicieron abandono cobardemente de la sede produjéndose algunos forcejos menores que ahora le llaman agresión”2.

Esta situación derivó en que la Corporación de Desarrollo Indígena, CONADI, por intermedio de su director presentara una querella en contra de los responsables de las supuestas agresiones en el Tribunal de Garantía de Collipulli, iniciándose una investigación a cargo del fiscal del Ministerio Público Miguel Ángel Velasquez.

Comuneros cuentan que hace unas semanas comenzaron a llegar citaciones para ir a declarar por el caso, de hecho el lonko de la comunidad fue el primero en presentarse ante el fiscal a declarar en forma voluntaria el 13 de septiembre del 2006. En efecto, en comunidad público la comunidad denunció que:

“Una vez que el Lonko se enteró de las razones de la citación, él le mencionó al fiscal que no prestará declaración si no estaba presente un abogado de confianza y se reservaba el derecho a guardar silencio, a lo que el fiscal y el teniente de la policía (…) les señalaron de manera muy prepotente [característica del Fiscal], que de cualquier forma tendría que declarar o simplemente debía ser arrestado. Explicándole el fiscal que el no tenía ningún tipo de derecho a traer un abogado y menos a guardar silencio”3

Posterior a este hecho, tres comuneros se presentaron antela fiscalia a declarar en forma voluntaria; ellos eran Rodrigo Huenchullan, secretario de la comunidad, y los Werkenes Víctor Queipul y Jorge Huenchullan. Posterior a las declaraciones los comuneros regresaron a su comunidad tranquilos ya que niegan participación en el delito.

Como fuere, a las 9 horas de hoy -viernes 10 de noviembre-, en el Tribunal de Garantía de Collipulli se llevó a cabo la audiencia de control de la detención y formalización. En la sala del tribunal se encontraban alrededor de 12 comuneros y dirigentes de Temucuciuci.

La primera incidencia que presentara el fiscal fue solicitar la detención y comparecencia inmediata al tribunal de uno de los presentes en la sala, el werken y dirigente Víctor Queipul. Carabineros y personal de Gendarmería procedieron a detener al comunero sin que este opusiera resistencia, y se lo ubicó en el banquillo de los imputados, al lado de Jorge Hunchullan.

El Ministerio Público solicitó la prisión preventiva de ambos imputados, quienes eran representados por una abogada de la Defensoría Penal Pública, no así por los abogados de la oficina mapuche de la defensoría, ya que éstos no fueron notificados para que concurrieran hasta la audiencia, enterándose de los sucedido por la prensa.

Finalmente, el tribunal resuelve dejar en libertad a los ahora imputados, no obstante aplica las siguientes medidas cautelares:

* Firma cada 15 días en la tenencia de Ercilla.
* Prohibición de salir de la provincia de Malleco.
* Prohibición de participar en actos de protesta o manifestaciones políticas.
* Prohibición de acercarse a la Corporación de Desarrollo Indígena.

Los werkenes de Temucuicui protestaron a viva voz por las medidas cautelares, primero por que alegan inocencia y consideran que la acción legal emprendida por la CONADI es solo una excusa para proseguir con la persecución política de que es objeto la comunidad y sus dirigentes, la que ha derivado en un permanente acoso policial en lo que va corrido del año. Además señalaron que “la organización social y política mapuche no necesariamente es la que reconoce el estado a través de sus dirigentes funcionales. (Por lo que) No aceptamos las medidas cautelares, somos werkenes y el juez no reconoce la autoridad mapuche”.

Al respecto el fiscal del Ministro Público replicó que la calidad de werken no importaba ya que no era legal, y que los dirigentes eran otros, los que reconoce el estado. Posterior a esto, se da por terminada la audiencia quedando en libertad los dirigentes mapuche.

Lo curioso en la situación latamente descrita es la serie de paradojas que subyacen tanto a las circunstancias de la detención, el motivo de de ésta y las medidas cautelares adoptadas, así como de los comentarios acerca de la función de werken que emitió el fiscal.

Al respeto, llama la atención que la detención de Jorge Hunchullan Cayul se realizara en medio de un impresionante dispositivo policial, en circunstancia que éste ya se había presentado voluntariamente a declarar por la misma causa semanas antes; también causa extrañeza que la detención se haya realizado posterior a que este werken -siguiendo el mandato de su comunidad- haya sido detenido con posterioridad a una conferencia de prensa en que denunciara el baleo de que habían sido objeto la comunidad, exhibiendo además los casquillos de las balas encontradas en el lugar.

Siguiendo con la detención, no deja de sorprender que otro dirigente y también werken de la comunidad haya sido detenido en la misma sala de audiencia, y lo que es peor, se haya solicitado su prisión preventiva. Esta medida cautelar, la más grave de las existentes, suele aplicarse para garantizar la comparecencia en el proceso de un imputado del cual se tienen razones fundadas de que hay peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación. En el caso de Víctor Queipul, este también había concurrido a declarar voluntariamente, y de hecho estaba presente en la sala de la audiencia. Sin embargo, fue detenido y sentado en el banquillo de los acusados junto a Huenchullan. ¿Con qué criterio actúa la justicia?

En relación a las medidas cautelares, solo cabe señalar que el proceso de criminalización de la protesta social mapuche no se reduce a la aplicación de leyes especiales (ley anterrosista), por el contrario, la imputación de uno o varios delitos comunes es sinónimo de prisión preventiva excesiva. En efecto, "El verdadero peligro de los procesos penales no está en la condena sino en el proceso mismo, que significa toda una serie de restricciones y amenazas encubiertas o silenciosas. Las causas se activan, se desactivan, no mantienen un ritmo constante... a veces quedan un tanto olvidadas o relegadas en los trámites, pedidos de informes o peritajes y de repente reaparecen en el momento oportuno. Esas causas tienen una peligrosidad y potencialidad represiva constante, y por eso mismo se las instala. Muchas veces, el denunciante sabe perfectamente que el hecho no da para una denuncia, pero la hace igual porque de esa manera crea un riesgo. Y una denuncia no muy sustentada, sumada a otra de las mismas características, a otra más y a otra más, termina armando un paquete, una red de contención que no es visible salvo para la persona que la tiene sobre su cabeza"4.

En el tenor de lo anterior, la medida cautelar de Prohibición de salir de la provincia de Malleco sin duda que limitará la acción de denuncia que venían realizando estos dirigentes. Recordemos que Víctor Queipul en dos oportunidades ha concurrido hasta el Palacio de la Moneda a solicitar audiencia con la presidenta Bachellet, para manifestarle a nombre de la comunidad su malestar por los constantes abusos de parte de la policía y la justicia de que es objeto temucuicui. En el caso de Jorge, este solo ayer en la ciudad de Temuco sostuvo una conferencia de prensa con diferentes medios de comunicación denunciando similares hechos. La pregunta es: ¿cómo los dirigentes y comuneros de Temucuicui no se van a sentir perseguidos políticamente? ¿Acaso es una versión más actualizada de los relegamientos en contra de dirigentes sociales efectuados durante la dictadura?

La prohibición de participar en actos de protesta o manifestaciones políticas definitivamente restringe el derecho a expresarse y protestar libremente por lo que se considera una injusticia. Además de ser violatoria de derechos constitucionales e internacionales, del todo antojadiza y arbitraria, no tiene relación alguna con el delito supuestamente imputado. Aparentemente se está en un país en donde impera el derecho y la democracia. Lo que está claro es que la desmovilización de las comunidades mapuche pasa sin duda por aislar a sus dirigentes, y la justicia -interlocutora entre los mapuche y el estado- al parecer lo tiene claro.

La prohibición de acercarse a la Corporación de Desarrollo Indígena verdaderamente resulta risible. Un Tribunal de Justicia, producto de una acción legal emprendida por un funcionario público encargado de la política indígena, le prohíbe a un mapuche acercarse a la Corporación. Lo anterior, sin duda simplifica de sobremanera la actual relación de los pueblos originarios de Chile y el estado.

Como último punto, derivado de la situación descrita en el texto, está el desconocimiento que posee el Ministerio Público y sus fiscales acerca de los mapuche y su estructura social, y lo que es peor aún, desconoce también las recomendaciones de organismos de DD.HH nacionales e internacionales que hacen un llamamiento a las autoridades a respetar y velar por la protección de los pueblos originaros. Al respecto, el Relator especial de la ONU sobre Pueblos Indígenas fue claro el 2003 al señalar que “En toda causa judicial o administrativa que involucre a personas indígenas deberán ser respetadas las costumbres jurídicas indígenas”.

Se está en un complejo escenario político para el reconocimiento de los mapuche y demás pueblos originaros. Al parecer los compromisos asumidos durante la campaña de Bachelet fueron solo eso, compromisos de campaña. Carabineros sigue resguardado predios de grandes empresas, el gobierno sigue haciendo se parte en causas contra de mapuche, claro ahora no por ley antiterrorista. Situaciones de violencia y vulneración de derechos individuales y colectivos se han transformado en una constante en la araucania y en Chile.

Al parecer se está lejos de darle una salida política y consensuada a la conflictiva relación entre el estado y los mapuche, en tanto que los tribunales se han trasformado en los interlocutores de un diálogo de sordos.

Por Eduardo Mella Seguel

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