EL QUINTO INFIERNO

jueves, noviembre 23, 2006

La Concertacion, los grupos económicos y la participación ciudadana en la construcción de mega obras viales

Los ciudadanos v/s un aeropuerto internacional en la araucania.

Eduardo Mella Seguel.
Trabajador Social
Investigador del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas.

En un estado preocupado por el mejoramiento en la calidad de vida de los ciudadanos, los avances en materias de obras públicas deberían ir en directo beneficio de la población. No obstante, a la luz de obras ya realizadas y otras en fase de ante proyectos, ha quedado claramente demostrado que el actual marco regulatorio y lo que nuestros gobernantes conciben como progreso y desarrollo no cabe en la citada explicada. Por el contrario, la acumulación capitalista, en su versión salvaje –como diría Marx- hoy denominada neoliberalismo no apunta necesariamente al bienestar de los ciudadanos, sino, a cómo a costa de estos, se puede hacer un buen negocio para consorcios inmobiliarios, energéticos y forestales.

Paradojalmente son estos últimos, los ciudadanos, quienes terminan subvencionado, y lo que es peor, pagando los costos sociales y ambientales del desarrollo de los poderosos.

En este contexto, los gobiernos de la Concertación han protegido directamente los intereses económicos de grandes conglomerados disponiendo de toda la violencia legal que les otorga su estado de derecho para llevar a cabo adelante estas obras.

Ya ocurrió con el caso de la construcción de la central hidroeléctrica en el Alto Bio Bio. El gobierno de Eduardo Frei se alineo con Endesa España en contra de los ciudadanos miembros del pueblo pehuenche que se oponían a la represa. Finalmente la hidroeléctrica se construyó e inauguró sus operaciones inundando un cementerio ancestral de las comunidades originarias del lugar. La gente que se oponía dicha obra terminó siendo relocalizada. Por su parte, el gobierno garante de los interesa económicos de Endesa, suscribió –ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos- una serie de acuerdos reparatorios a favor de las familias pehuenches en el marco de una solución amistosa del caso, acuerdos hasta el día de hoy incumplidos.

En paralelo, la construcción del by pass carretero que desviara la ruta 5 de la ciudad de Temuco, terminó interviniendo un territorio mapuche, el que quedó separado por una autopista de alta velocidad. Los estudios de mitigación de los impactos sociales, ambientales y culturales se volvieron estériles cuando en plena construcción comenzaron los hallazgos y posterior saqueo de los cementerios indígenas encontrados en el trazado de la ruta. Finalmente esta obra se inauguró en la administraron de Ricardo Lagos bajo un sitio policial a la ciudad de Temuco.

Fue precisamente bajo el gobierno de Lagos, que la inversión privada ya no necesito de lobbistas ni mucho menos, ya que los mismos encargados del gobierno terminaron prácticamente asumiendo las vocerías de los conglomerados económicos que se adjudicaban las licitaciones en materia de obras viales, respecto de las cuales hoy cae un espeso manto de dudas (caso Mop Gate).

En relación a los mapuche, la aplicación de leyes antiterroristas y la fuerte represión emprendida desde el gobierno central hasta hoy en día, con operación de inteligencia incluida, fue el espaldarazo del gobierno de Lagos a los empresarios forestales que veían amenazados sus intereses por los reclamos y reivindicación de tierras comunitaria mapuche al patrimonio forestal de dos de los principales grupos económicos del país: los Angellini y Matte.

La actual presidenta Michelle Bachellet durante su campaña, prometió y anunció un gobierno ciudadano que respetaría el medio ambiente, las culturas indígenas y por sobre todo consideraría la opinión de la sociedad civil en el quehacer del gobierno.

Una vez asumida la presidencia, las promesas electorales solo quedaron en eso. El discurso progresista de la nueva administración rápidamente se diluyo frente a la presión de sectores Laguistas incrustados en el actual gobierno y la complacencia de los diferentes actores políticos de la coalición gobernante. El historiador Alfredo Jocelyn-Holt, en una columna de opinión aparecida en el mes de agosto en la prensa, aparte de referiste al gobierno de Bachelet como “una prolongación directa de Lagos”, adjetivándola “de criatura política de Lagos”, también manifestó que “la derecha poderosa es la empresarial, no la política, son los fácticos. Y el mundo empresarial se entiende de maravilla con el Presidente o, como ocurre en este Gobierno, con el ministro de Hacienda y sus equipos económicos”. De lo que se desprende que la derecha económica no necesitaba de la derecha política, pues tenía a la concertación de partidos por la democracia que le cuidara sus intereses.

En efecto, nuevas controversias en materia medioambiental producto de la puesta en funcionamiento de plantas de celulosa, o el proyecto minero Pascua Lama llevado adelante por la compañía transnacional Barrick Gold se transformarían en el preámbulo de un futuro cada vez mas incierto.

La participación ciudadana, es decir la toma de decisiones de parte de los ciudadanos parece cada vez más lejana. Tras 17 años de dictadura y 16 años de Concertación, el modelo económico heredado de Pinochet y los Chicago Boys se ha profundizado transformando a Chile en un ejemplo de neoliberalismo capitalista, en el cual la transparencia de las instituciones y de los operadores políticos se ha confundido con una desvergonzada alianza con los grupos económicos.

Por cierto, la construcción de un aeropuerto internacional en la Araucanía – obra estrella del bicentenario de Chile- se ha transformado en el actual ejemplo de esta perjudicial alianza.

Lo que parecía ser el rutinario trámite de aprobación de los permisos ambientales por COREMA del anteproyecto del aeropuerto tras los rimbombantes anuncios del Intendente Regional Eduardo Klein en el marco de conferencias empresariales (Corp Araucanía) y anuncios ante la opinión publica- comenzó a verse entorpecida por la protesta de sectores ciudadanos y organizaciones mapuche, que sin siquiera oponerse al aeropuerto -sino mas bien exigir que se cumpliera la normativa vigente- se transformó en un dolor de cabeza y en una impresionante cierre de filas de los representantes de Bachellet en la Araucanía, a favor de la construcción del cuestionado megaproyecto

Por cierto, una nueva obra de infraestructura millonaria se emplazaría en tierras mapuche, y lo que es peor sin consulta ciudadana. A eso se le suma una serie de irregularidades denunciadas por la organización mapuche Ayun Mapu, una de las principales opositores al proyecto. En efecto, a principios del mes de noviembre del presente, dicha organización denuncio los altos precios que se estarían pagando por la hectárea a ser expropiada, mas aun, dichos terrenos han sido recientemente adquiridos por particulares extrañamente vinculados a la SEREMI de obras públicas.

Por si fuera poco, el organismo técnico encargado resolver la aprobación o rechazo del proyecto aeropuerto, esta integrado por autoridades políticas que públicamente han anunciado la construcción “sí o sí” de esta obra. Entre ellos el propio Intendente Klein, la Gobernadora Yolanda Pérez y el SEREMI de Obras Públicas quienes manifestaron que “los funcionarios públicos no pueden rechazar un proyecto que para el gobierno regional es de lata relevancia”.

En este contexto no sorprende la denuncia realizada por los opositores del megaproyecto quienes con indignación revelaron a la opinión publica que el Congreso Nacional habría “aprobado 51 millones de dollares (…) en circunstancias que el anteproyecto solo considera la cantidad de 40 millones”(sic)

En este poco dilucidado entramado de relaciones entre la política partidista y grupos económicos, cuatro consejeros regionales –encargados de aprobar o rechazar los presupuestos del gobierno regional- rechazaron la construcción del nuevo aeropuerto en Freire, argumentaron la decisión en base a que “la obra se levantara sin consultar a los círculos regionales, (debido) a que la decisión fue adoptada por un estrecho circulo político”. Destacando “la necesidad de la construcción de un nuevo aeropuerto”, sin embargo el rechazo de los consejeros se baso en que el proyecto “se ha ido impulsando sin la debida consulta a todos los niveles”. De hecho, el consejero Jorge Fuentes manifestó que “mientras por una parte, se trabaja para resaltar a una región intercultural y la características de una región indígena, por otra parte se promueve la construcción de un aeropuerto en suelos mapuche”. Hecho curioso por decirlo menos es que los consejeros regionales, que se han opuesto tenazmente al megaproyecto pertenecen a la UDI, RN, PPD, PRSD, DC y PS.

La participación ciudadana, entendida como la toma de decisiones de las personas sobre los asuntos que los involucran en todos los planos, lamentablemente es una falacia discursiva de nuestros gobernantes. Actualmente, la localidad de freire y la ciudad de Temuco se encuentran en sitio policial, anunciado oportunamente por el intendente regional eduardo klein, quien apegado a la idea de que los movimientos sociales y ciudadanos son una amenaza para la seguridad jurídica y la vigencia del estado de derecho, ha garantizado –por medio de la fuerza- las condiciones para que los inversores puedan construir sin contratiempos un aeropuerto internacional, que obviamente no será utilizado por las comunidades mapuche aledañas, ni menos por los ciudadanos excluidos del progresó de los poderosos.

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