EL QUINTO INFIERNO

jueves, noviembre 23, 2006

El gobierno se las trae...¡Aucan Huilacaman condenado!

Condena a Aucán Huilcaman y la persecución de los defensores de derechos indígenas

        “Bajo ninguna circunstancia deberán ser criminalizadas o penalizadas las legítimas actividades de protesta o demanda social de las organizaciones y comunidades indígenas”. Relator de la ONU para los derechos indígenas, Informe de misión a Chile, 2003.

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aucanEn el día de ayer, 21 de noviembre, el dirigente mapuche Aucán Huilcaman y su hermana Rayen, ambos de la organización Consejo de Todas las Tierras, fueron condenados por el Tribunal de Garantía en Temuco a permanecer 61 días en reclusión nocturna y a la suspensión de sus derechos políticos mientras dure la sentencia.

Los hechos por los que fueron condenados los hermanos Huilcaman, calificados por el tribunal como desórdenes públicos, ocurrieron el día 10 de enero 2006, en momentos en que el gobierno y sus parlamentarios, en el marco de la segunda vuelta de la campaña electoral presidencial, promovía, con claros fines electorales, un proyecto de reforma constitucional para el reconocimiento de los derechos indígenas...

En esa ocasión, las comunidades mapuche vinculadas al Consejo de Todas las Tierras concurrieron a las dependencias de la Intendencia IX región para entregar una nota dirigida al Presidente de la República, Ricardo Lagos, que ese día se encontraba visitando la región, para manifestarle su descontento con una iniciativa que, además de inconsulta con los pueblos indígenas, no reconocía sus derechos colectivos. Las autoridades se negaron a recibir a los mapuche, así como la nota con sus planteamientos al respecto.

Para las organizaciones mapuche “un reconocimiento constitucional implicaba una amplia participación indígena”. En contraste con ello, el texto que en esa ocasión se presentó en el Congreso Nacional no fue consultado a los pueblos indígenas. El mismo Consejo de Todas las Tierras, en comunicado público del 21 de noviembre, manifestaba que “la intencionalidad de los tribunales en cuanto emitir sanciones a los dirigentes del Pueblo Mapuche, orientados a desvirtuar las legítimas actividades y configurar el delito de desorden”. Agregaron en relación al delito imputado que “jamás hubo intención de provocar desordenes, sino, hacer prevalecer los derechos y libertades fundamentales que estaban siendo restringido mediante un proyecto de ley con fines únicamente electoral”.


Como Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas condenamos esta sentencia injusta y arbitraria que afecta a quienes el Relator de la ONU para los derechos indígenas reconoce, en su informe de misión a Chile, como “defensores de derechos indígenas”.

Nos parece importante recordar aquí lo señalado por el jurista argentino Antonio Cortina, al referirse a las implicancias que los procesos penales pueden tener para quienes están sometidos a ellos. Así señala: "El verdadero peligro de los procesos penales no está en la condena sino en el proceso mismo, que significa toda una serie de restricciones y amenazas encubiertas o silenciosas. Las causas se activan, se desactivan, no mantienen un ritmo constante... a veces quedan un tanto olvidadas o relegadas en los trámites, pedidos de informes o peritajes y de repente reaparecen en el momento oportuno. Esas causas tienen una peligrosidad y potencialidad represiva constante, y por eso mismo se las instala. Muchas veces, el denunciante sabe perfectamente que el hecho no da para una denuncia, pero la hace igual porque de esa manera crea un riesgo. Y una denuncia no muy sustentada, sumada a otra de las mismas características, a otra más y a otra más, termina armando un paquete, una red de contención que no es visible salvo para la persona que la tiene sobre su cabeza"1.

Asimismo, vemos con preocupación la persistencia de una acción desde el estado y sus órganos claramente orientada a desmovilizar y desarticular a los movimientos indígenas, en este caso mapuche, cuando éste exige el reconocimiento por Chile de los estándares de derechos humanos hoy internacionalmente aceptados, o cuando reclama frente a un modelo de desarrollo que no comparte y que se le impone.

Finalmente manifestamos nuestra preocupación frente a la acción que siguen desarrollando agentes policiales en comunidades mapuche, tales como los ocurridos en Temucuicui, en Ercilla, hace unos días atrás, en que la un grupo de civiles que se desplazaban en una camioneta sin patente disparó a quemarrropas en contra de una veintena de personas mapuche que se encontraban reunidoas, hiriendo a unoa de elloas en su pierna, pudiendo haber causado su muerte.

Se trata de hechos que, a pesar de ser denunciados a las autoridades, no son investigados y menos aún sancionados, y que por lo mismo permanecen en la impunidad, y por lo mismo se repiten cotidianamente en esta parte del país.

Hacemos un llamado a la autoridad a que ponga fin a las persecuciones judiciales como las que resultaron en la condena de Aucán y Rayen Huilcaman, así como a la intervención abusiva de las fuerzas policiales en comunidades mapuche, acogiendo así de este modo las recomendaciones del Relator Especial de la ONU para los derechos indígenas y otros organismo de derechos humanos.

Asimismo las instamos, a que en lugar de ellas, desarrollen esfuerzos con miras a lograr el reconocimiento juridico político que los pueblos indígenas hoy exigen, y a generar nuevas formas de relación para con ellos, basadas en el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural y de la dignidad de quienes los componen.

Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas

Temuco, 22 de noviembre de 2006



Publicado en www.observatorio.cl

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