EL QUINTO INFIERNO

sábado, septiembre 30, 2006

Avance Consejo Asesor: Sustitución de la LOCE y énfasis en la calidad y equidad

mundo social a reformar la educación
El bloque social nos presenta un resumen del primer informe del consejo asesor, adjuntamos además el informe completo para quien desee leerlo. Bájalo Aquí
La necesidad de dotar al marco regulatorio de la educación chilena de mayor legitimidad, así como fortalecer el rol del Estado como provisor de educación de calidad, son algunos de los principales puntos que plantea el Consejo Asesor presidencial en su primer informe.

En el primer avance dado a conocer hoy por el Consejo Asesor Presidencial para la Educación se plantea la necesidad de “sustituir” la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, el principal blanco de las movilizaciones estudiantiles de este año.

La razón, argumenta la instancia consultiva, es la urgencia de dotar a la normativa educacional de la legitimidad que actualmente carece, debido a la forma en que fue impuesta por el régimen dictatorial en la década de los ’80.

En el documento, el Consejo señala que “el sistema educativo actualmente en vigor y en especial la LOCE” poseyó desde sus orígenes un “grave déficit de deliberación democrática”. En ese sentido, plantean, la instancia convocada por la Presidenta Michelle Bachelet tras la “Revolución de los Pingüinos”, vendría a “subsanar” esa ilegitimidad, debido al supuesto carácter “ciudadano” del Consejo Asesor.

Otro de los grandes temas tratados es la asimetría que existe en la normativa actual en lo referente a la libertad de enseñanza versus el derecho a la educación. De acuerdo al pre-informe de la subcomisión que revisa el marco regulatorio, la legislación vigente supedita el derecho a acceder a la educación a la libertad de enseñanza, lo que debe ser modificado en una nueva regulación.

A pesar de ello, el Consejo plantea que la educación en Chile debe seguir siendo de carácter mixto, es decir, que existan establecimientos estatales y particulares, con el fin de resguardar la libertad de enseñanza. "La provisión de parte de privados es valiosa para toda sociedad diversa", indica el documento.

No obstante, considerando el estado actual de la enseñanza en Chile, la instancia consultiva considera que la institucionalidad vigente "ha conducido a que la calidad y la igualdad de oportunidades educativas se distribuyan de acuerdo a las condiciones sociales, culturales y económicas de las familias", es decir, que reproducen las desigualdades que vienen desde la cuna.

Por esto, señalan, es fundamental que cuando se habla de derecho a la educación se considere tanto el acceso como la calidad, ya que hasta el momento los esfuerzos de los sucesivos gobiernos han apuntado hacia la ampliación del acceso a la educación, sin importar la calidad de ésta.

Según el Consejo, la educación chilena de hoy en día “no es provista con los estándares mínimos de calidad que las personas requieren para desarrollarse en el mundo de hoy”.

Aunque descarta de plano la unificación de una educación estatal, el Consejo Asesor reconoce que el “exiguo” deber del Estado para con la educación en la actualidad debe aumentar. Esto, en la medida en que en la nueva normativa se consagre el deber del Estado a proveer de educación de calidad a todos los chilenos.

Respecto de esto, la subcomisión de Institucionalidad propone que “para alcanzar los objetivos de equidad, calidad e integración, más allá de la competencia se requiere de un diseño de la educación de propiedad del Estado que asegure la cooperación en el sistema nacional de educación”.

El consejo considera que la educación debe mantener su carácter descentralizado, aunque no ha definido si es que ésta mantendrá su carácter municipal o si eso será otro mecanismo.

Sin embargo, para que el Estado supervigile la calidad de la enseñanza, así como la infraestructura y el financiamiento, plantea la creación de una “agencia administradora de educación pública”, de carácter regional o comunal.

Además, plantea la necesidad de incrementar la responsabilidad del Estado en materia de calidad y equidad, para lo que proponen dotar de las atribuciones necesarias al Mineduc y a una futura Superintendencia del ramo. Dentro de esto, está el establecimiento de un sistema común de la calidad de la educación, con lo que corresponderá a la institucionalidad del Estado acreditar el desempeño de las escuelas.

Para diciembre de 2006 está previsto el informe definitivo del Consejo Asesor Presidencial para la Educación

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