EL QUINTO INFIERNO

lunes, julio 31, 2006

La lucha triunfante de un movimiento social: el caso de la represa La Parota en México

El proyecto hidroeléctrico La Parota nació en el año 2003 en el Estado de Guerrero, México, y desde sus inicios se supo que su instalación podía afectar más de 17 mil hectáreas y a miles de familias. Las comunidades campesinas e índigenas de la zona conformaron el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota y lograron frenar la construcción de la presa. El 28 de julio cumplieron tres años y festejaron los resultados de la lucha y de la organización territorial. El Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP) cumplió el 28 de julio pasado tres años de existencia.
Su surgimiento obedeció a la necesidad de resistir a la amenaza de desalojo de miles de comuneros a partir de la construcción de la presa. Alrededor de 25.000 habitantes pueden ser desplazados por la construcción de la represa hidroeléctrica que, según los estudios llevados adelante por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ocuparían una superficie de 17.300 hectáreas y privarían a las comunidades de sus tierras, agua y casas. La Parota se inscribe en un proyecto que forma parte del Plan Puebla-Panamá (PPP), que no sólo generaría daño ambiental y económico sino que afectaría fuertemente a las miles de familias que habitan, simebran y cultivan allí. La construcción de la presa inundaría 17 mil hectáreas, con el desalojo de 25 mil personas y además afectaría a miles de campesinos que viven río abajo, donde se encuentran los pozos de agua por la desviación del rio que afectaría el puerto de Acapulco. “El río Papagayo quedaría muerto.
El sur de Acapulco se nutre de pozos de rio abajo y si cierran el río, Acapulco se queda sin agua, eso significa que más de 75 mil personas se quedaron sin tierra, porque al faltar el agua, la zona se desertificaría”, afirmó a Prensa De Frente Rodolfo Chávez Galindo, representante del CECOP.Los estudios realizados por la propia empresa demuestran que la modificación del régimen hidrológico del río Papagayo tendrá repercusiones en procesos de erosión y sedimentación en el cauce del río, mayor intrusión salina en el río, inundación y posible salinización de las terrazas fluviales aprovechadas con fines agrícolas e impactos en la fauna y la vegetación.
El primer plantón, o defensa que realizaron los campesinos fue en la entrada a los bienes comunales de Cacahuatapec, en un lugar conocido como “el Fraile” y duró seis meses. Luego se sumarían plantones en los poblados de Agua Caliente, Gallinero, Cantón y Cruces de Cacahuatepec. Decenas de hombres se mantuvieron alertas en estos puestos, llevando sus sillas y hamacas, sin permitir el ingreso de la Comisión Federal de Electricidad.Uno de los fundadores del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota y comunero de la localidad de Garrapatas, Felipe Flores, explicó cómo comenzaron a oganizarse: “Fue hace tres años, cuando empezó el proyecto de la presa, la comunidad Arroyo Verde tuvo reuniones para ver si abandonaba las tierras o las defendía. La comunidad entera le dijo no a la presa hidroeléctrica y comenzaron los plantones para frenar los trabajos de la Comisión Federal de Electricidad, que sin haber esperado los pasos legales ya estaban haciendo túneles”.
Foto: TlachinollanA pesar de reiterados fallos y decisiones judiciales de frenar la construcción de la presa por tiempo indeterminado, como la resolución del Tribunal Unitario Agrario, la CFE continuó de forma ilegal la construcción de caminos, el trazado de la presa y los estudios de prospección afectando la flora y fauna de la región e invadiendo tierras comunales sin autorización. Las estrategias de las empresas y el gobierno para neutralizar la lucha de los comunidades fueron desde la represión y la cooptación de familias campesinas hasta la corrupción y la mentira. Durante los últimos tres años el hostigamiento por parte de la policía, las detenciones aribitrarias, las intimidaciones y las amenazas de muerte se hicieron constantes para los campesinos opositores. La criminalización de la protesta se utilizó con el objetivo de convencer a los campesinos que permitieran la construcción de la presa y aún hoy dos referentes mantienen causas judiciales por su protagonismo en decir no al proyecto de desalojo. Flores explicó; “Nos han encarcelado, hostigado y hasta matado pobladores. Pero nosotros vamos a defender nuestras tierras a capa y espada. Las tierras las ganamos con la lucha y no se puede comprar lo que nunca estuvo en venta”.
Foto: TlachinollanLos casos más paradigmáticos se dieron en el 2004 y 2005. Como para construir la presa se necesita la aprobación de la Asamblea Ejidal, compuesta por los pobladores de la comunidad, el gobierno se relacionó con el Presidente de la Bienes Comunales de Cacahuatepec, repudiado por los campesinos en contra de la presa, y logró que convoque a una Asamblea para obtener “la anuencia de los comuneros y ejidatarios para llevar a cabo el proceso de expropiatorio de los terrenos destinados para la construcción de la presa”, es decir para que los propios pobladores firmaran su orden de desalojo.
La Asamblea fue impugnada por los campesinos opositores por la ilegalidad de su convocatoria (se convocó fuera de la comunidad, fuera de tiempo y forma, tomando en cuenta los procedimientos legales que la regulan). El día que se realizó, los comuneros del Cecop se encontrar con un fuerte operativo policial, retenes para impedirles el paso, mallas electrificadas y resguardadas por 400 efectivos de las distintas corporaciones policíacas, y cuando pudieron llegar al lugar donde se realizaba la Asamblea, los policías tiraron gases lacrimógenos y se produjo un enfrentamiento que dejó a diez campesinos golpeados y uno gravemente herido. En el lugar, los comuneros encontraron doumentos con los acuerdos previamente elaborados y un padrón de los pobladores manipulado.
Ante un pedido de nulidad de la Asamblea, la Corte Suprema de Justicia confirmó la ilegalidad y declaró nulas las decisiones de esa Asamblea. Sin embargo, el presidente de Bienes Comunales convocó a una nueva, en donde numerosos testimonios afirman que se estipuló un monto de dinero por cada firma de los pobladores y la Asamblea terminó por aprobar la expropiación de las tierras. El Espacio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), integrado por más de diez organizaciones de derechos humanos declaró su preocupación por la segunda asamblea que supuso “un desacato a las medidas cautelares decretadas el 15 de julio de 2005 por el Tribunal Unitario Agrario”. El espacio participó como observador con el objetivo de verificar que se desarrollara conforme a derecho y elaboraron un informe. Los comuneros del CECOP presentaron nuevamente la nulidad y responsabilizaron al gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca, del Partido de la Revolución Democrática, al presidente municipal de Acapulco, al presidente Vicente Fox y a la CFE por la agresión sufrida. Propusieron una Asamblea propia en septiembre e invitaron al Gobernador a presenciarla. El gobernador no acudió a la Asambea y cuando terminó un comunero que había participado activamente en la oposición a la presa, Tomas Cruz Zamora, fue asesinado.
La construcción de la presa contó con el apoyo de los empresarios de Guerrero y del gobierno federal y de los princiaples partidos políticos.De cualquier forma, los comuneros no creen que el proyecto progrese pues las organizaciones e instituciones que se manifestaron en contra del proyecto y las leyes los protegen contra la construcción de la presa. “Ellos estan yendo en contra de las leyes, están violando la constitución y los derechos más elementales. Y nosotros no lo vamos a permitir. Llevamos tres años de lucha y ellos no han avanzado. Eso es un triunfo”, afirmó Rodolfo Chávez.
En mayo de 2006 el Cecop denunció ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas en Ginebra serias violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno de México, a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en el intento de construir la Presa La Parota. Denunaciaron la amenaza para la vida comunitario de los pobladores así como la violación de los derechos a la vivienda, la salud, el trabajo, la alimentación, el medio ambiente y el desarrollo sustentable. Ahora la ONU le recomendó al Estado Mexicano que respete la decisiones de las comuneros de respetar sus tierras. En el tercer aniversario del Consejo, sus integrantes llamaron a celbrar "los avances, triunfos y la firmeza de la lucha”. Así lo confirmó Felipe Flores: Hoy tenemos voz y voto y decidimos qué hacemos y qué no hacemos. No permitiremos que nos impongan nada, hoy la obra esta frenada, sacaron la maquinaria y cancelaron todo
Más información:
Informe del centro de derechos humanos de la Montaña
Informe del Espacio DESC
Presa La Parota, la resistencia en Guerrero
Presa la parota: El gobierno cobra su primer muerto

Fuente: Prensa de Frente

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