EL QUINTO INFIERNO

lunes, julio 17, 2006

Jalados con Gas Natural

Resulta irónico que tras años de darle la espalda a nuestro continente, jactándonos de tantos TLC con el exterior, ahora llamemos traidores a nuestros vecinos por las decisiones de la Casa Rosada. El 5.
Antes que enojarse con Argentina, que por años nos suministró un combustible limpio y barato, politiqueros debieran arremeter contra compañías que han esquilmado a consumidores

Por Raúl Gutiérrez V., editor del GRANVALPARAISO.CL

EL PRESIDENTE DE la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Jorge Tarud es uno de los ejemplos más patéticos de la mediocridad intelectual de la clase política chilena. Desde su cargo, este personaje ha hecho ostentación de beligerancia respecto de los países vecinos y sudamericanos en términos más generales, pese a su supuesta vocación progresista, al ser militante del PPD.
Una de sus últimas ocurrencias geniales fue llamar al boicot del turismo chileno en Argentina a consecuencia de la decisión del Gobierno del Presidente Kirchner de cobrar a Chile precios de mercado por el gas natural que nos suministra y establecer restricciones a la venta de gasolina a vehículos con patente chilena en Argentina.

En su ignorancia el parlamentario ha exigido a la Moneda, lo mismo que los parlamentarios de Derecha, que recurra a la diplomacia para lograr que el vecino país cumpla con los tratados de 1995 respecto al suministro de gas natural hacia Chile. Lo que desconoce el parlamentario es que tales tratados carecen de fuerza legal, razón por la cual Chile no ha podido formular exigencias, tan sólo solicitudes o peticiones. Pero no cabe esperar mucho de diputados como el señor Tarud, si la propia Presidente, olvidando que Chile ha desairado una y otra vez a los países sudamericanos para colocarse del lado de EEUU, calificó de incompresibles la decisiones energéticas del Gobierno de la Casa Rosada.

Si el señor Tarud y una serie de otros personajes de la fauna politiquera, partido por cierto sumamente transversal en Chile, se informaran un poco mejor, de seguro que estarían más indignados que con Argentina o su Gobierno, con quienes durante diez años han lucrado en forma escandalosa con el gas natural que Argentina nos proporcionó a precios increíblemente bajos, combustible que tenía que agotarse porque era demasiado bueno para que durara demasiado. Duró diez años, periodo durante el cual el Gobierno de Chile debió haber diseñado y ejecutado una política de autonomía energética, que no es lo mismo que independencia energética, porque no vivimos en una economía autárquica, sino que en una abierta al mundo, pero de autonomía energética, y no lo hicimos porque sistemáticamente en los gobiernos de la Concertación creyeron que bastaba la apertura al exterior y la disponibilidad de abundantes dólares para contar con abastecimiento seguro.

Los beatos del mercado y la globalización creyeron su propio cuento y ahora están pagando las consecuencias, pero al diputado Tarud no le da para comprender el fondo del problema y entonces se sube a las mesas y lanza proclamas incendiarias contra Argentina, al igual como ayer lo hizo contra Bolivia y Perú y con la misma fuerza con que ha enfilado sus dardos contra el Gobierno de Venezuela.

Este negociado gigantesco que han hecho las empresas transportadoras y distribuidoras de gas natural en Chile en los últimos diez años, fue develado diplomáticamente por el canciller chileno, el demócratacristiano Alejandro Foxley, quien resignado ante la evidencia de que Argentina subirá el precio del gas que nos proporciona, advirtió que los consumidores tienen que estar muy atentos y los organismos del Estado también para que no se trasladen estos aumentos de precios que no se justifican en perjuicio de los consumidores chilenos. ¿Cómo se entiende que un economista destacado, que eso es Foxley, considere posible que las empresas transportadoras y distribuidoras de gas natural de Argentina a Chile soporten un encarecimiento del insumo y no le carguen la mano a los consumidores finales, básicamente los residenciales? La respuesta está en la increíble tasa de ganancia de la que han usufructuado abusivamente durante toda la época en la cual el gas natural fue abundante y barato las compañías que manejan este negocio en Chile. Sin dar demasiada luz al gas, Foxley señaló que “nuestra estimación es que, incluso con el reajuste del precio de Argentina más todos los costos de transmisión a domicilio hay un margen de absorción de mayor costo por parte de las distribuidoras, suficiente para no justificar aumentos de precios de consumidor en el corto plazo”. Podría perfectamente haber dicho que ni en el corto ni en el largo plazo, como una forma de atenuar el abuso que ha significado para los consumidores chilenos la exacción de que han sido objeto durante todos estos años con el gas natural argentino debido a que los gobiernos de Frei Ruiz Tagle, primero, Lagos Escobar, después, permitieron que se perpetrara este cogoteo masivo a la población.

Las estimaciones que se manejan tras la decisión de Argentina indican que Chile tendrá que incurrir en un desembolso adicional entre 100 y 150 millones de dólares por su compra de gas argentino. En rigor, se trata de gas boliviano, pero que nos llegará de Argentina, ya que debido a nuestras “excelentes” relaciones con el gobierno de La Paz no existe trato directo entre ellos y nosotros, por lo que tenemos que usar al intermediario que es Argentina. Partamos diciendo que 100 a 150 millones de dólares no es una cantidad demasiado considerable para un país con una economía como la chilena en la actualidad; pero cuando se dice tal cosa, de que le costará tantos millones a Chile, uno debe preguntarse a quién le costará: ¿a los grandes empresarios, a los consumidores residenciales, al fisco? A menudo se pasa gato por liebre y se evita precisar a quién le resultara más costoso.

Ante esta perspectiva los patrioteros, que forman también un partido bastante transversal, han salido hablando de la necesidad de golpear la mesa. Por ejemplo, Juan Antonio Coloma, senador de la UDI, ha dicho que no hemos sido lo suficientemente enérgicos para reclamar lo nuestro ante Argentina y no aceptar que Bolivia nos imponga cláusulas que atenten contra nuestro futuro. ¿Qué podrá hacer Chile si Bolivia decide no vendernos gas y vendérselo sólo a Argentina, cómo vamos a reclamar si Bolivia es tan dueño de su gas como nosotros de nuestro océano, con la diferencia que ella no se lo ha arrebatado a nadie en una guerra?

Por su parte, esa lumbrera intelectual que es el presidente del Senado Eduardo Frei Ruiz-Tagle, comentó que “los acuerdos entre países hay que respetarlos”. El punto es que el acuerdo que él suscribió con Carlos Menem en los tiempos que ambos eran presidentes de la República tiene escasa validez en el ámbito internacional. En cuanto a Sergio Romero, otro prohombre de nuestra clase política, abogó para que Chile actuara con mayor claridad y firmeza, agregando que aquí ha habido ingenuidad y debilidad, pero se refería a que nuestro gobierno no ha golpeado la mesa ante Argentina y no, como usted puede haberlo imaginado, a que Chile se compró la enseñanza del beaterío neoliberal en cuanto a que si tienes dólares y TLC vas a disponer sin problemas de la energía que necesites, en circunstancias de que ésta se ha concertido un insumo estratégico, lo mismo que el agua.

Una nota de cordura la dio el presidente del PPD Sergio Bitar, quien comentó: “Se puede golpear la mesa veinte veces y lo único que va a ocurrir es que se va a poner morada la mano y no vamos a obtener más gas ni precios más bajos, hay que ser más inteligentes. De una vez por todas debemos ponernos serios en materia energética, Chile tiene que señalar a todos sus habitantes y a otros países que no va a depender de nadie en este tema, puede comprar donde quiera comprar, pero no podemos andar viendo si hay buenas voluntades, repartiendo sonrisas, visitando y sacando fotos”. Por eso manifestó que era imperioso un programa de materialización de inversiones en energía.

Esta es, claro, una posición propia de un político más moderno, y no la de los mediocres que hacen nata en el ámbito público del Chile actual. Si con alguien debieran enfurecerse estos politiqueros sería con las empresas que han hecho un enorme negociado a costa de los chilenos y han descuidado la búsqueda de alternativas energéticas para cuando ese gas natural tan barato se acabara. Recién hace un año y medio, por instrucciones precisas del Presidente Lagos, la ENAP decidió encabezar un cartel dedicado a traer y utilizar en Chile gas natural licuado desde países asiáticos, en vista de que los privados habían sido incapaces de asumir esta responsabilidad.

Pues bien, estos señores han estado pagando en Argentina tres dólares por el millón de BTU, producto que venden acá a casi 24 dólares. El precio que han estado pagando los consumidores chilenos en sus casas se ha duplicado en sólo seis años, es decir, las compañías que operan en Chile partieron cobrando el cuádruple, pero a los dos o tres años de negocio su voracidad las llevó a incrementar el precio a los consumidores, pese a que a ellas Argentina se los mantenía. ¿Por qué el señor Tarud, tan patriota, progresista y vocinglero, no fue capaz de denunciar en ese momento este abuso contra los consumidores nacionales modestos en su gran mayoría? Con razón Metrogas admite que si sube el impuesto al gas trasandino, como es inminente, es posible que no haya nuevas alzas y asegura el suministro. Probablemente hay ejecutivos en esta empresa que haciendo un análisis de costos-beneficios, pero más allá de las puras cifras de ingresos monetarios, han concluido que nunca conviene estirar demasiado la cuerda.

Esta información no proviene de fuentes interesadas en distorsionar el mercado energético nacional, sino que fueron publicadas por El Mercurio en su sección Economía y Negocios. Más datos suministrados por ese diario a mediados de julio. Mientras en el año 2000 para un cliente de distribuidoras (es bueno identificarlas: Metrogas, Energas, Gasvalpo y Gassur) un consumo mensual promedio de 58 metros cúbicos costaba $14.000, hoy está pagando no menos de $25.000. ¿Cómo es posible que se haya dado este abuso tan descomunal? Pues porque estas compañías no están sujetas a regulación de precios y disponen de la más absoluta libertad para ajustar sus tarifas cuando lo estimen conveniente. El tema está en que si se compara el costo que tiene las empresas para adquirir el gas argentino frente al valor que este se vende al público, se aprecia que la diferencia puede ser más del 700%, información proporcionada por El Mercurio, el que además entrega un ejemplo elocuente: si Metrogas, cuyos accionistas mayoritarios son Gasco y las Empresas Copec, compra el gas argentino a tres dólares el millón de BTU, lo venden a los consumidores residenciales en poco más de 24 dólares.

La explicación que los ejecutivos de estas empresas aducen alude a que las inversiones que en su momento realizaron todavía no se amortizan, lo que sugiere que ellos no sabían que el gas argentino se iba a acabar en un horizonte no superior a ocho o nueve años. Si eso fuese cierto querría decir que como administradores de estas empresas debieran recibir de inmediato una patada en el traste por parte de los accionistas, porque el agotamiento del gas natural argentino era desde hace muchos años, desde el inicio de las operaciones del oleoducto trasandino, un fenómeno conocido por todos los expertos en la materia. Agregan estos señores ejecutivos que las rentabilidades de las compañías están acordes a los límites que establece la regulación, pero al revisar los resultados de Metrogas que es la única distribuidora que por su condición de sociedad anónima abierta entrega estos antecedentes, se observa que entre 2000 y 2005 sus utilidades se engrosaron en casi 45%; el año pasado sus ganancias se dispararon al crecer 20% respecto de las del 2004, pese a que sus ventas aumentaron sólo a 3%. Con razón su Gerente General dice que ante una posible alza de tarifa los clientes de la compañía deben estar tranquilos.

Está claro entonces hacia donde deberían enfilar sus críticas los diputados y senadores que se sienten tan patriotas y que exigen mano dura con el país que nos proporcionó energía barata y limpia durante una década, periodo que pudimos haber aprovechado para diversificar nuestra matriz energética. Está claro hacia donde deberían ellos encauzar sus criticas en defensa de la inmensa mayoría de los chilenos, pero esos parlamentarios y esos politiqueros prefieren emborracharnos la perdiz tocando la fibra del nacionalismo patriotero porque probablemente de esa manera intentan ocultar que muchos de ellos fueron elegidos con aportes de éstas y otras compañías que, desde hace años, vienen esquilmando a los chilenos con el beneplácito de las autoridades de los gobiernos concertacionistas y la satisfacción del gran empresariado.

Ante esta situación, y mostrando de nuevo que es un ultraliberal de tomo y lomo, el engreído Ministro de Hacienda, Andrés Velasco, en lugar de denunciar el escándalo, desechó de plano, con ese tonito autoritario al que nos está acostumbrando, la idea de fijar los precios del gas natural domiciliario planteada por congresales de distintas bancadas que buscan impedir que las compañías distribuidoras de gas transfieran a los consumidores el alza de tarifas que Argentina aplicará a nuestro país. Sostuvo el Ministro que en un “país serio”, que eso sería supuestamente Chile, no existe fijación de precios. Claro que sí está permitida la explotación despiadada de los consumidores. Menos mal que el Ministro de Hacienda de la socialista Michelle Bachelet dejó abierta la posibilidad de la regulación del mercado del gas. Claro que si es al estilo de lo que ha sucedido con la electricidad y el agua potable, no es mucho lo que avanzaremos.

Fuente: GranValparaiso

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