EL QUINTO INFIERNO

viernes, junio 09, 2006

Algunos comentarios sobre el proyecto de reforma constitucional que modifica el derecho a la educación

No porque se bajen los escolares se acaba la revolución, asique les presentamos el trabajo de nuestro amigo Juan Vergara, miembro de la Escuela Sindical, sobre el proyecto de reforma constitucional que modifica el derecho a la educación.
I. MODIFICACIONES INTRODUCIDAS: El proyecto de reforma constitucional no suprime nada; simplemente agrega algunas frases y párrafos que –como se verá- no alteran la estructura normativa del derecho a la educación actualmente garantizado en la Constitución. A continuación presento los artículos de la Constitución que se modifican, resaltando en azul las innovaciones introducidas.
Artículo 19: La Constitución asegura a todas las personas:
10°. El derecho a la educación.
La educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida.
Los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. Corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho.
La educación básica es obligatoria, debiendo el Estado financiar un sistema gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso a ella de toda la población.
Corresponderá al Estado, asimismo, resguardar el derecho a la educación, fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles; velar por la calidad de ésta; estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación.
Es deber de la comunidad contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la educación;
11°. La libertad de enseñanza incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales, en conformidad a la ley.
La libertad de enseñanza no tiene otras limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional.
La enseñanza reconocida oficialmente no podrá orientarse a propagar tendencia político partidista alguna.
Los padres tienen el derecho de escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos.
Una ley orgánica constitucional establecerá los requisitos mínimos que deberán exigirse en cada uno de los niveles de la enseñanza básica y media y señalará las normas objetivas, de general aplicación, que permitan al Estado velar por su cumplimiento. Dicha ley, del mismo modo, establecer los requisitos para el reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales de todo nivel;
La ley determinará los mecanismos básicos para asegurar la calidad de la educación.
Artículo 20. El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1.º, 2.º, 3.º inciso cuarto, 4.º, 5.º, 6.º, 9.º inciso final, 11.º, 12.º, 13.º, 15.º, 16.º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19.º, 21.º, 22.º, 23.º, 24.º y 25.º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.
“Procederá, también, el recurso de protección en el caso del Nº 8º y del número 10 del artículo 19, cuando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación o el derecho a la educación sea afectado por un acto u omisión ilegal imputable a una autoridad o persona determinada.”.
II. COMENTARIOS
En el proyecto se establece que el Estado tener la obligación de “velar por la calidad” de la educación, pero no se señala en absoluto qué debe entenderse por “educación de calidad”. Más aún, de acuerdo a la modificación introducida al numeral 11 inciso final, su definición correspondería a la ley.
¿Qué debemos entender por “educación de calidad”, entonces? Ocurre que mientras no se dicte una nueva ley que lo defina, debemos entender que corresponde a los estándares educacionales que rigen hoy en día (LOCE, Ley de Acreditación de la Calidad de la Educación, etc.), con lo cual se produciría el contrasentido que se estaría garantizando una “calidad” educacional que se supone ya existe (!)
Que el significado de dicha expresión quede entregado a la voluntad del legislador es –además- un riesgo, porque el estándar educacional de este país variará conforme tantas y cuántas veces se modifique la LOCE, y sabemos que la participación efectiva de los actores sociales en estos procesos no está garantizada.
Por otra parte, no es pertinente utilizar la expresión “educación de calidad”, toda vez que con ello alude a que la relación entre los estudiantes, padres y profesores, por una parte, y el Estado, municipios y sostenedores privados, por otra, es igual a la existente entre consumidores y vendedores, como si la educación fuera una mercancía y no un derecho constitucional.
En rigor, cualquier derecho a la educación que no suponga la posibilidad de acceder a una educación de excelencia, para todas las personas y en igualdad de condiciones, sería inconstitucional. Es por ello que la expresión propuesta en el proyecto de reforma constitucional estaría demás. Sin embargo, es aconsejable incorporar una “directriz”, distinta de la propuesta, que apunte hacia la existencia de un estándar educacional alto a nivel general en el país.
Un defecto de mayor de “técnica legislativa” lo constituye el hecho que se señale que el Estado tiene el deber de “velar por la calidad” de la educación, pero en ninguna parte se atribuya a los particulares expresamente el derecho a una educación de calidad.
Esto es sumamente peligroso, debido a que podría dificultar la interposición de recursos de protección en contra de autoridades educacionales y los mismos sostenedores cuando los perjudicados estimen que no se están implementando los mecanismos que establece(rá) la ley para asegurarles una educación “de calidad”.
Es por ello que se debería modificar el encabezado del numeral 10, en orden a que no quede dudas que “la Constitución asegura a todas las personas: el derecho a una educación de calidad” (u otra expresión semejante).
La situación es aún más grave si se tiene en consideración que el proyecto altera la normativa general y desecha la posibilidad de interponer recursos de protección para proteger el derecho a la educación contra actos “arbitrarios”, lo cual podría configurar un cierto margen de impunidad de algunos actos emanados de autoridades educacionales y sostenedores.
En efecto, las leyes usualmente confieren –en los hechos- un margen de discreción a quienes deben interpretarlas y posteriormente aplicarlas, el cual será mayor o menor dependiendo del grado de indeterminación de la normativa. Esta situación se agrava en materias de derecho público (como el presente proyecto de reforma) donde abundan “conceptos indeterminados”, que corresponden a palabras o frases cuyo estricto significado o concreción en un determinado caso puede no ser unívoca.
Que se proteja el derecho a la educación “siguiendo las estrictas condiciones que se establecen para el derecho a vivir en un medio libre de contaminación” (Mensaje del Proyecto), no quiere decir que esté tanto o más protegido que los demás derechos resguardados por el recurso de protección. Por el contrario, diversos actos que amenacen o vulneren este derecho quedarán fuera del ámbito de aplicación de esta acción constitucional. Y no son pocos los casos en que se acogen recursos de protección interpuestos en contra de actos emanados de autoridades públicas o particulares que, siendo “legales” son, no obstante, “arbitrarios”.
Es por ello que el proyecto de reforma constitucional enviado al Congreso debe ser modificado o reemplazado por otro que:
Reemplace la expresión “educación de calidad” por una frase más feliz, y que responda a un estándar propio de un estado social (y no mercantil) de derecho, como “educación de excelencia”, “de alto nivel”, u otra similar;
Consagre constitucionalmente qué se entiende por “educación de calidad” (o la que se precise), de modo que no quede al arbitrio del legislador definirlo y, por sobre todo, que no se subentienda que los parámetros de “calidad” de la educación son los que ya se encuentran establecidos por las leyes vigentes.
Garantice expresamente que las personas tienen derecho a una educación “de calidad” (o la que se precise), de modo que no quede duda que la existencia de un buen sistema educacional en nuestro país no es solo obligación del Estado, sino también un derecho de las personas;
Sancione la amenaza o vulneración del derecho a la “educación de calidad” (o la que se precisa) producida tanto por actos ilegales como arbitrarios.

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