EL QUINTO INFIERNO

jueves, mayo 11, 2006

Motivos de la crisis colonialista de Puerto Rico


Puerto Rico enfrenta la crisis que atraviesa hoy porque la clase política de los partidos que lo han dirigido durante más de cincuenta años ha fracasado en administrarlo de una manera responsable, democrática, eficiente, patriótica y justa.
La evidencia más contundente de esta afirmación es que ante el tranque partidista-gubernamental actual –con cerca de 100 mil empleados públicos en la calles y cientos de miles de familias afectadas, los estudiantes sin escuela y los bonos del gobierno degradados y casi por declararse “chatarra”– tuvieron que recurrir a una comisión especial de ciudadanos que representan a la rama Ejecutiva, al Senado, la Cámara y al interés público, con el entendido de que tras examinar toda la realidad fiscal, las propuestas del Ejecutivo, la Cámara, y el Senado, presentaría al país sus recomendaciones, que todos los involucrados se comprometieron a acatar.
No hay confesión más dramática de su fracaso que esa. Otros, que no son los que dirigen los asuntos públicos del país, tuvieron que ser convocados por autoridades religiosas de respeto, para interceder en este tranque.
Pero, como si no fuera suficiente esta demostración de cómo el partidismo prevalece por encima de los intereses del país, durante una conferencia de prensa que se celebró el miércoles al concluir la conferencia legislativa del PNP, celebrada en un restaurante de la capital, su presidente y senador por Arecibo, Pedro Rosselló, le arrebató el micrófono al presidente de la Cámara de Representantes, José Aponte y prácticamente desautorizó su compromiso con los líderes religiosos, el Gobernador y el Presidente del Senado, al insinuar que no cederá en sus posturas para manejar la crisis gubernamental. Fue más lejos Rosselló. Narró a los periodistas que un grupo de religiosos le manifestó que en esta situación había que ceder un poco. “Y yo les dije que si era cuestión de ceder, pues entonces... yo les pediría a ustedes, líderes religiosos, que cedieran un poquito y nos permitieran ser un poquito inmoral... que cedieran ustedes y en vez de decir que hay que respetar los 10 mandamientos, que respetemos solamente siete”, contestó.
Pero no son Rosselló y el PNP los únicos responsables de la crisis en la administración. En los últimos treinta años –que economistas y planificadores identifican como el periodo donde se agravaron las finanzas del país y se adoptaron las malas políticas gubernamentales-, el Partido Popular ha ocupado la gobernación en quince ocasiones, frente a cinco el PNP. Y ambos partidos, el rojo y el azul, incurrieron en las prácticas que hoy tienen al país en vilo, miles de empleados públicos en la calle, las escuelas del país cerradas, los estudiantes sin poder estudiar, los bonos degradados y a ley de declararse chatarra, y la economía en general comenzando a sentir el impacto de la crisis fiscal.
Pero la crisis ha servido para destacar que cualquier solución a ella, tiene que procurar que la responsabilidad recaiga justicieramente en todos los sectores del país y no únicamente en los trabajadores y sectores medios, que son los que hoy tienen la mayor carga. La salida a ella, la reforma contributiva tan mentada –y que ha quedado al rescoldo ante la insistencia de que se apruebe un impuesto al consumo– tiene que asegurar mecanismos de justicia contributiva para esos sectores e identificar otros que permitan atacar la masiva evasión contributiva de sectores pudientes, asegurar mayor responsabilidad contributiva de los que pueden y reevaluar los instrumentos de exenciones contributivas que tienen las grandes empresas, por los cuales repatrian sobre $30 mil millones de dólares.
Pero ya el daño está hecho. Sobre él habrá que trabajar.
-La crisis en su última semana
Al cierre de esta edición, la incertidumbre seguía presente en miles de empleados públicos y en la mayoría del País, aún cuando existía la esperanza de que los trabajos y recomendaciones de la comisión especial pudieran dar con una solución negociada.
Pero a sólo horas de la intervención de la más alta jerarquía religiosa, que logró provocar la constitución de un Comité que podría resolver el impasse político, todo parecía diluirse nuevamente, aún tras la noticia de la degradación de bonos. El liderato de la Cámara de Representantes, respondiendo a Pedro Rosselló, se resistía a aprobar legislación que garantizara los recaudos del gobierno.
Lo propio, aunque sutilmente, ha hecho también el Gobernador en su mensaje radial diario al mantenerse en su posición de que la solución está en manos de los legisladores y que la única condición que existe para devolver el trabajo a los empleados cesanteados está en su propuesta inseparable de que se apruebe un impuesto al consumo como garante del préstamo que solicita le autorice la Legislatura para cuadrar el déficit fiscal y que coincide con lo que han requerido los bonistas.
-Resisten los sindicatos, aunque divididos
El movimiento obrero, por su parte, atravesaba serias diferencias en su seno. El liderato sindical, que se había mantenido casi en su totalidad rechazando el impuesto al consumo e insistiendo que se aprobaran varias medidas que llevan sugiriendo por meses para poner a tributar a los grandes intereses económicos como alternativa a la crisis, se dividió en dos bandos.
Lo que llevó a la división se definió el pasado viernes durante la manifestación que convocó la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR) en el lado sur del Capitolio, desde la tarima en la que estuvo el liderato sindical de la FMPR, el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (SPT), la Unión General de Trabajadores (UGT), la Hermandad de Empleados Exentos no Docentes del UPR (HEEND), la Unión de Tronquistas, la Unión de Personal Administrativo, Secretarial y de Oficina (PASO) la Unión de Trabajadores del Industria Eléctrica y Riego (UTIER) y la Federación de Trabajadores de Puerto Rico (FTPR/AFL-CIO). Desde allí se hizo pública su intención de llevar a cabo un paro nacional que habían acordado el día anterior ante la convocatoria que le hiciera la Coalición Ecuménica en la que estuvieron todos los sectores representados. Luego procedieron a llevarle al presidente cameral sus reclamos de que aprobara legislación para que tributaran las grandes corporaciones como medida para solucionar la crisis. Fue esa la primera vez que no se vio la presencia del presidente del FTPR que minutos antes había estado en la tarima. Entonces trasladaron su reclamo a la Fortaleza en una caminata a la que se le unió la mayoría de los manifestantes.
Aunque las uniones afiliadas a la AFL-CIO y las reunidas en su mayoría en la Coordinadora Sindical, que se manifestaban firmes en que no cederían al impuesto al consumo sin que se consideraran las medidas que proponía el movimiento obrero y exigían que se restituyera de inmediato a los cesanteados y luego se discutiera una reforma contributiva justa y balanceada, parecían haber zanjado sus diferencias, de repente todo cambió.
Esa misma noche las afiliadas a la AFL-CIO realizaron una conferencia de prensa en la que el presidente de la FTPR alegó que fue engañado y que el acuerdo del paro aún no había sido firmado por todos los gremios. Reconocían que el tranque no podía ser el impuesto al consumo.
Al día siguiente, en conferencia de prensa, el grupo que estuvo el día anterior en la tarima, con la ausencia de las uniones afiliadas la AFL-CIO, se definió como Movimiento Obrero Unido (MOU) y reafirmó su oposición al impuesto al consumo. Anunciaron que reunían a casi 69 mil de los empleados cesanteados. Hicieron claro a su vez que mantendrían una moratoria en los tradicionales ataques personales que en ocasiones suelen distinguirlos. Aún con sus diferencias, el movimiento obrero reunido en el MOU decidió reconocer la estrategia que desarrollaran las uniones afiliadas la AFL-CIO, aunque no la aceptaban.
-Las bases de la propuesta obrera
Pero contrario a lo que se ha tratado de proyectar, las propuestas hechas por el movimiento obrero en general para atender las necesidad de recursos para el fisco, fueron realizadas por un grupo de economistas representantes de la Federación de Trabajadores (AFL-CIO), la Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT) y la UTIER, que durante los pasados meses destacaron tres economistas para trabajaron sobre ellas junto a representantes del legislativo y el ejecutivo. Esas fueron las que dio a la luz pública el MOU esta semana y que suman una proyección de $624 millones, poco más de los cerca de $500 millones que solicita el ejecutivo.
La postura del movimiento obrero en general ante una reforma fiscal, fuera de las diferencias actuales, se distancia mucho de las que ha hecho el poder ejecutivo que reduciría el tamaño del gobierno y cambiaría el sistema de impuestos imponiendo igual tasa tributaria a corporaciones e individuos. Esa propuesta gubernamental ha contado con el apoyo de empresarios que se han distinguido por su intenso cabildeo ante ambas ramas de gobierno. Los sindicalistas siguen impulsando mayores tasas a las grandes corporaciones, cónsono con la defensa de la clase trabajadora. Es esa reforma gubernamental que trata de impulsar el gobierno la que los líderes sindicales quieren que se revise a profundidad para que signifique una verdadera reforma de justicia contributiva.Fuente: revista independentista de Puerto Rico, Claridad

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