EL QUINTO INFIERNO

sábado, abril 29, 2006

Rechazan mapuches en huelga de hambre oferta del gobierno

Santiago de Chile, 29 abr (PL) Un grupo de líderes mapuches, que hoy cumplen 47 días en huelga de hambre en una cárcel al sur del país, rechazaron como insatisfactorias los compromisos asumidos la víspera por el gobierno chileno.
El ministro de Interior, Andrés Zaldívar, dio seguridades a la abogada de los indígenas Alejandra Arriaza de que el gobierno evitaría en el futuro la aplicación de la ley antiterrorista en juicios asociados a demandas de tierras, cuando sean delitos comunes.

También dispuso el traslado con carácter provisional de tres de los cuatro dirigentes en huelga de hambre a un centro agrícola de rehabilitación.
Pese a que presentan serios problemas de salud tras 47 días sin ingerir alimentos sólidos, los comuneros rechazaron la propuesta gubernamental y evalúan radicalizar la protesta para que se celebre un nuevo juicio donde tengan oportunidad de demostrar su inocencia.
Los cuatro fueron sancionados -bajo una ley antiterrorista aprobada por la dictadura militar para perseguir a sus opositores- a 10 años de cárcel y el pago de una indemnización de 800 mil dólares por presuntamente dar fuego a una empresa forestal privada.
Arraiza confirmó a medios locales que los mapuches exigieron, como un gesto de acercamiento, que los cuatro -no sólo tres- sean trasladados permanentemente a un centro agrícola de la sureña localidad de Angol, en la Región de la Araucanía.
"Rechazaron la oferta del Gobierno porque sólo tres de los compañeros serían trasladados al centro de Angol", indicó la abogada.
Dirigentes indígenas valoraron la nueva postura del Ejecutivo en torno a la Ley Antiterrorista, pero aclararon que sólo se trata de un primer paso en el proceso de negociaciones con las autoridades, pues el objetivo final es que se realice un nuevo juicio.
"El Gobierno se comprometió a que en las causas de comuneros mapuches estudiará con mayor cabalidad los antecedentes antes de presentar querellas y hacerse parte solicitando la Ley Antiterrorista", precisó Arriaza.
El giro en la política gubernamental fue ratificado por el propio Zaldívar, quien aclaró que eventualmente se podría aplicar si se cometen delitos tipificados en la normativa, como asociación ilícita, uso de explosivos, secuestro y conformación de grupos armados.
La ley, dictada durante el régimen militar, ha sido objeto de severas críticas de parte de organismos internacionales. El relator de Naciones Unidas para Indígenas, Rodolfo Stavenhagen, expresó ayer preocupación por los huelguistas y volvió a cuestionar la normativa.
La última vez que el Gobierno la invocó fue en noviembre de 2005, durante un ataque registrado a una hacienda de Lleu-Lleu, en la Octava Región, en que encapuchados incendiaron automóviles y mantuvieron retenida a una familia.
Otro acuerdo es que el Gobierno no se opondrá al recurso de revisión del fallo que condenó a los indígenas, presentado por la defensa esta semana ante la Corte Suprema.
El mismo gesto esperan recibir la semana próxima de parte del titular del Ministerio Público, Guillermo Piedrabuena, a quien además le plantearán la necesidad de que las fiscalías regionales también eviten invocar la norma antiterrorista.
Los mapuches constituyen más del 80 por ciento de cerca de un millón de indígenas que habitan en Chile en precarias condiciones económicas y sometidos constante persecución política y discriminación racial.

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