EL QUINTO INFIERNO

jueves, abril 20, 2006

Movimiento de los Sin Tierra se moviliza contra la impunidad

El Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (MST) exigió hoy la apertura de un nuevo juicio contra los 142 policías militares que hace 10 años perpetraron la matanza de 19 campesinos en Eldorado dos Carajás, en el norte de Brasil.
Decenas de miles de activistas del MST se movilizaron en todo el país para protestar por la impunidad que han disfrutado los responsables materiales de los asesinatos, así como funcionarios del estado de Pará que en 1996 y, posteriormente, encubrieron a los dos comandantes de los pelotones y a los 142 oficiales y soldados que actuaban bajo su mando.
El 17 de abril de 1996 a las 17:45 horas, la policía militar de Pará abrió fuego indiscriminado contra unos mil 500 campesinos del MST que obstruían la carretera PA-150, que conecta a la región sur de ese estado amazónico con la capital estatal, Belem. Además de los 19 muertos, 69 personas resultaron heridas y muchos de ellos aún padecen secuelas y tienen balas incrustadas en el cuerpo.
Los miembros del MST protestaban hace 10 años por la demora en la demarcación de tierras susceptibles de ser entregadas a los trabajadores rurales. Los campesinos reclamaban particularmente una resolución sobre la hacienda Macaxeira, que habían invadido en noviembre de 1995 y cuyo territorio se dedicaba al cultivo de pastos para ganado.
La matanza de Eldorado dos Carajás es una de las tres peores agresiones de fuerzas de seguridad contra campesinos de Brasil, junto con los hechos ocurridos en Carandiru (1992) y Candelaria (1993). En el punto exacto donde fue cometida la matanza en 1996, unos cinco mil miembros del MST se concentraron este lunes para realizar un acto solemne en memoria de los asesinados.
En ese lugar, Ulisses Manacas, coordinador del MST en Pará, dijo hoy que la principal demanda de los trabajadores rurales es acabar con la impunidad, según un despacho de la agencia brasileña de noticias, Estado.
El coronel Mario Colares Pantoja fue condenado a 228 años de cárcel, y el mayor José María Pereira de Oliveira fue sentenciado a 158 años, pero las autoridades judiciales les permitieron a ambos purgar "sentencias en libertad". El resto de los militares quedaron absueltos.
"Brasil tendrá que convivir por muchos años con esa crueldad practicada por agentes del Estado", aseveró Manacas, al lamentar la indiferencia de las autoridades judiciales por el clamor de justicia.
Desde el 1º de abril pasado, los activistas del MST han parado el tránsito de la carretera PA-150 durante 19 minutos todos los días, en punto de las 17:45 horas, para recordar a sus compañeros abatidos en ese lugar y protestar contra la impunidad.
"Las marchas de protesta de hoy son contra el Poder Judicial, porque sólo los pobres van a la cárcel en este país", explicó una vocera del MST, Marina dos Santos, en Río de Janeiro.
En el estado de Pernambuco, integrantes del MST bloquearon cuatro carreteras y durante la protesta subrayaron el tema de la impunidad.
Después de rechazar entrevistas con diversos medios brasileños -como es el caso de la Agencia de Noticias Planalto-, el coronel Mario Colares Pantoja declaró hoy su inocencia por los hechos de 1996, ante las cámaras de la televisora del consorcio Globo.
"Me siento como un chivo expiatorio", dijo el militar retirado, quien responsabilizó directamente al gobernador paraense en aquel tiempo, Almir Gabriel, del Partido Socialdemócrata Brasileño, y a su secretario de seguridad pública, Paulo Sette Cámara, según la transcripción de la entrevista, difundida en el sitio en Internet de Globo.
Durante la jornada conmemorativa de la matanza, activistas del MST ocuparon pacíficamente dos haciendas en el norte del estado de Minas Gerais, en el sureste del país.
La organización reclama la entrega de tierras laborables para unas 150 mil personas que han levantado campamentos en distintos puntos del territorio brasileño, en espera de que las autoridades federales aceleren el proceso de reforma agraria, como prometió el presidente Luiz Inacio Lula Da Silva en su campaña electoral de 2002.
En Brasil, cuya economía tiene una base agroexportadora, unos 26 mil finqueros o hacendados concentran 46 por ciento de la propiedad rural, mientras que cuatro millones 600 mil campesinos se declaran "sin tierra".
El gobierno de Pará asegura que los familiares de las 69 víctimas reciben una pensión y que los heridos reciben atención médica permanente.
Sin embargo, de acuerdo con la agencia Estado, la manifestación en Belem, que terminó frente al palacio estatal de gobierno, tuvo el objetivo particular de exigir mejores servicios médicos para los afectados.
Fuente: La Jornada

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